La discriminación racial estructural, la desigualdad, la criminalización del aborto y el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de la Policía Nacional son problemas alarmantes de derechos humanos. Las autoridades de la República Dominicana continúan implementando un fallo del Tribunal Constitucional de 2013 que despojó de ciudadanía a decenas de miles de dominicanos que descendían de migrantes, en su mayoría de origen haitiano. A través de un plan nacional que finalizó en 2018, miles de migrantes pudieron regularizar su estatus en el país. No obstante, muchos migrantes que cumplirían con los requisitos aún no han podido obtener estatus legal. Continúa vigente la práctica de expulsiones y deportaciones ilegales, así como las dificultades para acceder al asilo en la República Dominicana.

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